difundimos y apoyamos esta iniciativa, aplaudimos a quienes la han pormovido, expresamos la esperanza de que se realice, y ofrecemos nuestra colaboración en todo lo que pueda ser de utilidad para que así sea...
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POR UNA COMISIÓN NACIONAL DE ESCLARECIMIENTO DEL
ATENTADO A LA AMIA
La causa AMIA es, a esta altura, el caso
contemporáneo más aberrante de impunidad y encubrimiento que, a su turno, refleja
debilidades institucionales que han acompañado la reciente historia democrática
de nuestro país. A la ausencia de justicia frente al atentado de 1994 que
produjo 85 muertes y centenares de heridos y a la cadena de irregularidades que
le siguieron (incluyendo evidencias fraguadas que involucraron actores del
poder judicial, del Ejecutivo y de los servicios de inteligencia), se sumaron
recientemente una denuncia del fiscal Alberto Nisman contra el Ejecutivo por
encubrimiento (mediante la firma en 2013 del Memorándum de Entendimiento entre
la Argentina e Irán) y, hace pocos días, la muerte enigmática del propio
fiscal.
A 21 años del mayor ataque terrorista
padecido por el país, la Argentina se debe a sí misma el pleno esclarecimiento
de la causa AMIA. Sin duda, y en esta hora, el sistema judicial debe funcionar
con profesionalismo, celeridad, transparencia y efectividad en todo lo que hace
a la investigación sobre el deceso del fiscal Nisman. Ciertamente, el sistema
político debe abocarse hoy a un tratamiento riguroso y a un debate amplio de
todo aquello que sucedió en el mes de enero de este año en materia del tema
AMIA. Es evidente, asimismo, que después de décadas de prácticas opacas, ilegales
y delincuenciales, el sistema de inteligencia necesita una reformulación
profunda y sustentable, basada en un fuerte consenso social y político que sólo
admita como límite el de un claro compromiso democrático.
Es en este contexto que los abajo firmantes
creemos indispensable la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional a
una “Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado a la AMIA” bajo la
premisa de que la misma opere con plena independencia y capacidad de actuación
y que cuente con los recursos necesarios para efectuar su tarea. Tanto a partir de nuestra experiencia con la “Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas” (CONADEP) como con experiencias en otras
latitudes, se ha podido constatar que este tipo de instrumento es apto para
hacer un mejor diagnóstico de una situación compleja y delicada, para revisar
una política pública desacertada o para evaluar el fracaso de una estrategia,
entre otras. En nuestro caso, se trata de un mecanismo imprescindible para
abordar un ejemplo emblemático de impunidad que está horadando la democracia
argentina pues pone en entredicho y deslegitima a instituciones del Estado, así
como a partidos y dirigencia política. De allí que creemos que una Comisión
como la sugerida, reputada respecto a la honestidad y capacidad de sus
miembros, plural en su conformación ideológica y diversa en su procedencia
disciplinaria, puede contribuir decisivamente a dar luces en cuanto al atentado
a la AMIA. No se trata de sustituir a fiscales y jueces: se trata, en esencia,
de evaluar en forma independiente las pistas, indicios y líneas de investigación
que fue siguiendo la justicia; de sopesar las pruebas fácticas que se han ido
recogiendo; de ponderar la laborar judicial realizada y la del ministerio
público; y proponer cursos de acción institucional para revertir el estado de
impunidad en el que ha quedado el atentado de 1994.
En esa dirección, es fundamental establecer
los objetivos, alcances y funciones de la Comisión propuesta de tal forma que
sus resultados y conclusiones aseguren, entre otras, el fortalecimiento y
mejoramiento del accionar judicial, de los servicios de inteligencia y del sistema
político. La Argentina está frente a un camino que se bifurca: una alternativa
es preservar, en los hechos, el statu quo
y con ello la perpetuación de la impunidad y la degradación de su democracia;
la otra es iniciar la ardua pero imperativa tarea de develar el entramado de
intereses, prácticas y fuerzas que se benefician con la injusticia, la
confusión y la corrupción. Una Comisión como la aquí planteada y con el tema
específico indicado, bien podría ser el comienzo de esta última vía; una vía a
favor de una mejor democracia. Es, en definitiva, la propuesta de una Comisión
que dé cuerpo a las mejores capacidades éticas, técnicas, políticas e
institucionales con las que nuestra sociedad y su democracia cuentan para
esclarecer, hacer justicia y defenderse frente a la peor agresión que ha
sufrido en las últimas décadas.
Por último, invitamos a adhesiones
individuales e institucionales, así como manifestaciones escritas y orales a
favor de la convocatoria a una “Comisión Nacional de Esclarecimiento del Atentado
a la AMIA”.
Victor
Abramovich, Carlos H. Acuña, Eduardo Anguita, León Carlos Arslanian, Abraham
Gak, Roberto Gargarella, Luis Moreno Ocampo, Vicente Palermo, Beatriz Sarlo,
Juan Gabriel Tokatlian
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